Sobre el carácter policial de la “transformación educativa” del Codicen

 Por Santiago Cardozo

 

La discusión dada por los docentes y los estudiantes contra la “transformación educativa” ha desplegado diversos argumentos, los más sonados de los cuales han sido, para el caso de los primeros, el relativo a  las condiciones laborales (la pérdida de puestos de trabajo como efecto de las reducciones horarias y de otras maniobras burocráticas hechas por los “padres” del “nene transformado/reformado”) y el pedagógico (en Enseñanza Media, sustitución de los contenidos por las competencias, aunque esta sustitución se vista de amigable complementariedad, obligación de optar entre las artes y las ciencias en lugar de que, como hasta ahora, ambas estén obligatoriamente disponibles para todos, cambio de asignaturas por talleres; en Formación En Educación, mallas curriculares que se van elaborando a los pechazos, con un trayecto tan indefinido como sospechoso: “Lenguajes diversos”, problemas laborales relacionados con los recortes horarios en las asignaturas y con la semestralización de los cursos, elección de horas, desmantelamiento de los Departamentos Académicos, entre otras cuestiones). En todos los casos, se ha hecho énfasis en la improvisación con que las autoridades educativas están trabajando en la propuesta que pretenden llevar adelante a partir de 2023.

En este contexto, los diversos argumentos señalados han reparado poco en el carácter estricta y ferozmente policial de la “transformación” en curso (se ha hablado, sí, de una “transformación” autoritaria) y, por ende, de la actitud de las autoridades que la están llevando a cabo. Por carácter policial debe entenderse el hecho de que, en el reparto de los espacios y las funciones sociales que conciernen a los involucrados en la educación y en la “transformación educativa”, están aquellos que ocupan el lugar de las causas del “emprendimiento transformador” que se abre paso a los empujones y aquellos otros que ocupan el lugar de sus efectos.

Así, una línea muy nítida divide el espacio social en dos, señalando de qué lado se ubica la palabra pertinente y de qué lado la palabra impertinente, esto es, de forma respectiva, la palabra de las autoridades de la educación y la palabra de los docentes y los estudiantes, estén sindicalizados/agremiados o no. Esa línea divisoria, puesta por quienes defienden a raja tabla la exclusiva ocupación del lugar donde se produce la palabra pertinente (tres figuras ilustran esta grosera imposición: el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el Presidente del Codicen, Robert Silva, y la Directora Sectorial de Planeamiento Educativo del Codicen, Adriana Aristimuño), implica un “cordón policial” (muchas veces concretado en las calles) que manifiesta, con su sola presencia, que del lado protegido no hay nada que ver, no hay nada para poner en cuestión.

Es así que en las discusiones que se han venido llevando adelante en distintos lugares de la opinión pública (entre ellos, los medios de prensa televisivos y radiales), no se ha podido realizar ese movimiento argumental necesario que permita exhibir que el carácter propiamente político de lo que está sucediendo se juega, en primer lugar, en mostrar cómo opera esa división policial fundante, qué clase de argumentos se ofrecen para conservar el trazado de la línea que condena a los docentes al espacio de “aplicadores” de la “transformación” y la propiedad de la palabra pertinente, en recurrente desmedro de esa otra palabra descalificada como queja, grito, aullido corporativo, y deja a las autoridades educativas en un relación totalitaria con el sentido de lo que ellas mismas están proponiendo, anulando cualquier tipo de desacuerdo.  

Pero la educación no es un asunto exclusivo de las autoridades (esta exclusividad es la que significa y concreta la línea referida arriba), por más legítimas que sean, por más referéndum ratificador de la Luc que haya en el medio. El espacio propiamente educativo es un espacio común en permanente litigio, cuya división debe ser permanentemente impugnada, con el propósito de hacer ver (producir una sensibilidad: un sentido, una intelección, una afectación emocional, una estética) los mecanismos por medio de los cuales se pretende evitar la aparición de la política como acontecimiento, precisamente, litigante, como un disenso en el seno de un consenso conseguido a fuerza de sentido común y de asignación fija de lugares, nombres y funciones (es lo que sucede con la posición en la que son colocados los docentes), con las conocidas descalificaciones de las autoridades educativas dirigidas a docentes y estudiantes. El gastado enunciado del “palo en la rueda” no hace otra cosa que determinar la impertinencia y la impropiedad, incluso la indeseabilidad, de que los docentes y los estudiantes conviertan su voz chillona en discurso pertinente, eludiendo las formas consensuales en que se asienta la voluntad transformadora de las autoridades educativas y del gobierno nacional que integran. En este sentido, el enunciado del “palo en la rueda” es una variante más visiblemente aceptada, y hasta políticamente correcta, del “zapatero a su zapato”, lógica policial con la cual se busca que los reclamos de los sindicatos docentes y de los gremios estudiantiles se reduzcan, en todo caso, a las cuestiones laborales y que, para el caso de los primeros, los “otros” docentes –los que no reclaman, los que están para hacer aquello para lo que se formaron, sin andar siquiera pensando en salirse del rol que el discurso policial criticado aquí les ha asignado: el de meros dadores de clases– se aboquen al silencioso armado de los programas o de las mallas curriculares, sobre la base del machaque, una y otra vez, en la escisión interna de la palabra docente (esa escisión que parte las cosas en docentes y corporativismos, en docentes y sindicalistas), en una distribución inherente que procura debilitar la propia voz que viene intentando hacerse escuchar, particularmente en una situación en la que las posiciones de los sindicatos docentes y de las Asambleas Técnico Docentes coinciden, amén de la especificidad de cada ámbito.

La lógica de los reclamos docentes y estudiantiles procura, en primer lugar, borrar la línea que divide su confinamiento a la palabra que no tiene nada para decir, nada para mostrar, aun cuando se le pida una propuesta alternativa, principal trampa en la que se quiere hacer caer a quienes, desde diferentes posiciones, no están de acuerdo con la “transformación educativa”. En segundo lugar, y de forma concomitante, los reclamos docentes y estudiantiles, haciendo uso de los medios de que disponen para cuestionar la línea divisoria trazada por las autoridades y, sobre todo, por el sentido común reinante desde hace décadas, buscan producir una sensibilidad capaz de dar lugar a una repartición de lo que se ve y lo que no, de lo que se puede pensar y decir y de lo que no, en suma, una sensibilidad en que la línea policial definida por las autoridades educativas en particular y por las autoridades del gobierno en general se vea como lo que es: una operación de exclusión profundamente conservadora, que busca, finalmente, evitar toda clase de disenso sobre la materia tratada y los objetos de los que se habla: el sujeto educativo, el ciudadano, la sociedad, el conocimiento, la democracia.